Como ya he leído de las entradas de compañeres, creo concordar en que la respuesta es un no. Ningún país lo ha sido y ninguno podría jactarse de serlo ante el nivel de incumplimiento del marco internacional hoy establecido en asuntos de género. Cifras de desempeño global, como las que comentaba la profesora Constanza Jorquera, al respecto de la Plataforma de Acción de Beijing y la Resolución CSNU 1325 (2000), resultan más que desconcertantes.
Pese a que puedo reconocer en Chile una política de transversalidad de género, a mi parecer, y en sintonía con la dra. Virginia Guzmán, pienso que las conquistas históricas en la materia obedecen más bien a la entrada política de los movimientos sociales, las organizaciones de base y territorios, que a un espíritu de apego a normativas y responsabilidades internacionales.
Del mismo modo, creo que la demora en la promulgación de la CEDAW ha sido un intertanto de la resistencia conservadora de sectores parlamentarios, quienes siguen observando las cuestiones de género como un caballo de Troya “ideológico” de políticas internacionales peligrosas. Afirmación un tanto ilógica, y que esconde realmente, un miedo reaccionario a que las nuevas posturas políticas de transformación de las desigualdades sociales representen un peligro para sus perspectivas de ideología tradicionalista.