Sin duda que la institucionalidad del Estado NO ha implementado
las normativas que emanan de las convenciones internacionales
.
El problema es que el Estado no es algo neutro: quienes acceden
al poder del estado son generalmente los sectores más
conservadores, y ello se instalan en los poderes del estado,
legislativo y judicial, y en el aparato del estado, instituciones
educacionales, policiales, sociales , medios, en particular éstos
, los medios también pertenecen, por la acumulación de la
riqueza, a sectores conservadores. Estamos en una situación de
poder, y la lucha de la mujer es precisamente su emancipación del
poder del patriarcado.
La modificación del carácter de la institucionalidad pasa
necesariamente tener el poder para hacerlo. Solo el poder de la
movilización social logra presionar los cambios, producir los
avances Podría concluir que todo avance , toda conquista, para
que se institucionalice, se debe pagar un costo social importante
a toda la comunidad. La demora en años desde el punto de la
ratificación hasta su aplicación sustantiva es de costo
social.
.
Por ejemplo a mi parecer hay 2 elementos claves para la
postergación de la aprobación del protocolo de la CEDAW.
El primero, como determinante es el contexto histórico que se
vive al momento de la realización de la Convención, el año 1979.
Chile se encontraba en esos momentos en unos de los momentos más
duros de la dictadura militar. La Junta Militar apoyada en Chile
por los sectores más conservadores, entre ellos el grupo Familia,
Tradición y Propiedad privada, que representaba además a los
sectores más conservadores de la Iglesia Católica, al que Jaime
Guzmán , principal ideólogo del régimen tuvo estrechos vínculos,
como muchos personeros del régimen militar, significó un regreso
a la moral y valores patriarcales y de clase de décadas atrás,
todo esto sostenido por el aparato represivo, la DINA y
posteriormente la CNI, asolaba el país y el terror. La
sobrevivencia individual era la tarea de primer orden. La
dictadura había destruido el tejido social alcanzado y eliminado
a sus dirigentes, otros habían salido del país para salvar su
vida y los que quedaron en el país, adoptaban una conducta
apropiada para pasar con vida este duro momento. Recién el año
1983 comienza la primera Protesta Nacional, como primera débil
señal del malestar y la resistencia a los abusos y atropellos de
los derechos humanos, a la pobreza producida por el modelo
neoliberal, que llegó a tener a millones de chilenos en la
pobreza y la extrema pobreza, (para ilustrar su nivel, Lota llegó
a tener un 62,7 % de extrema pobreza a la vez que se genera en el
país, el mapa de extrema riqueza). Esa primera clarinada fue la
que abrió paso a una continuidad de Protestas Nacionales siendo
la creciente reorganización social y su rearticulación cada vez
mas resuelta de todos los sectores sociales , con la
participación activa y destacado de las organizaciones de la
mujeres por la vida y los derechos humanos, teniendo su punto más
alto la protesta del 2 y 3 de julio del 86, en la cual se muestra
el potencial de lucha del pueblo pese a que se sacara 45 mil
militares a la calle para contenerla. El mismo 86 se producen 2
hechos de alta significación en la lucha democrática: en agosto
el descubrimiento de la internación de armas por Carrizal Bajo y
en septiembre el intento de asesinato a Pinochet.
El año 1988 se realiza el plesbicito convocado por la dictadura
que persigue su continuidad y la ciudadanía responde NO.
El año 1989 se ratifica por la dictadura, la Convención. El
empuje democrático obliga al dictador a bajar sustancialmente su
represión, ceder a los espacios democráticos y mejorar su imagen
internacional.
Ya habían transcurrido 10 años desde la realización de la
convención y era comprensible que el centro de gravedad de la
vida nacional era la lucha por la vida en primer lugar en los
primeros años y luego por recuperar la democracia.
El retorno a la democracia o mejor dicho la salida del dictador,
deja la constitución elaborada por Jaime Guzmán y poderes
fácticos como las fuerzas armadas, las familias dueñas del país y
la iglesia. Toda la clase política asume esta realidad y se
adapta a ella, produciéndose avances en lo económico, sacando a
millones de chilenos de la pobreza y continuando con el
enriquecimiento desmedido de los grupos económicos. No existe
agenda valórica. La clase política pierde contacto con la
sociedad, desentendiéndose de los graves problemas de la
población, constituyéndose en un nicho cerrado donde priman los
acuerdos relacionados con los intereses propios funcionales a las
familias ricas del país y no los de la ciudadanía. Desde el
primer día del retorno a la democracia, comienza la
rearticulación del movimiento de las mujeres, que se extiende en
distintas áreas de la actividad social y cultural, profesionales,
científicas, artísticas, las que impulsan de manera potente las
reivindicaciones feministas , llegando a transformarse en
símbolos del feminismo internacional, desplazando en el seno de
la población y de las mujeres las ideas internalizadas de los
roles y estereotipos definidos por el patriarcado, defendidos por
el poder económico, la clase política y sectores de la
iglesia.
Nuevamente la desigualdad, el abuso, la mercantilización de las
necesidades básicas y el no acceso a derechos básicos para la
existencia en una sociedad de consumo, obligan a organizar y
desarrollar demandas y luchas sectoriales, año tras año, región a
región, las que al no ser escuchadas, culminan en el gran
estallido social en Octubre 2019.
El protocolo de la Convención, aprobado por la ONU en 1999 , es
promulgado el 2020 , y aprobado el 2001 en el senado .En esta
segunda etapa es la total ausencia de la voluntad política la que
impide su aprobación y se ratifica una vez más que es la lucha
social, la lucha activa de las mujeres la que obliga y condiciona
su aprobación.
A manera de ilustración agrego párrafos de los argumentos de la
discusión. Hago mención que se los sectores conservadores
invitaron a esta sesión al Arzobispo de la Iglesia Católica,
Monseñor Errázuriz, cuyas opiniones están aquí también
mencionadas.
(actas de las argumentaciones en
.
https://www.bcn.cl/historiadelaley/historia-de-la-ley/vista-expandida/7873/
)
Abogado de la Fundación Jaime Guzmán Errázuriz, señor Manuel Uzal
(sesión 111° de 3 de abril de 2001).
Estimó que aprobar el presente Protocolo implica facultar al
Comité para recibir denuncias por violaciones a la Convención y
que éste pueda efectuar los exámenes correspondientes. No
obstante que las observaciones del Comité no son vinculantes,
existen antecedentes que indican que el Comité interpretará la
Convención y que tendrá facultades que van más allá de las
propias de un órgano meramente vigilante y que podrían implicar
que en el futuro debamos adecuar nuestra legislación a las normas
de la Convención.
Consideró que con este Protocolo se vulnera el precepto del
artículo 5° de la Carta Fundamental, que entrega la soberanía a
la Nación. Lo anterior, por cuanto las facultades que se dan al
Comité son propiamente jurisdiccionales sobre nuestro país, razón
por la cual pareciera ser que tanto la convención como su
Protocolo son inconstitucionales.
Finalmente, sugirió que se haga uso de la facultad de exclusión
del artículo 10 del Protocolo, por ser contrario el mencionado
Comité a las directrices de nuestra institucionalidad, que es
pro-vida y pro-familia. ( deberá entenderse pro-vida, la función
de la maternidad de la mujer, y pro-familia, la función doméstica
y la crianza, idea ANGEL DEL HOGAR del siglo pasado)
Asesora del SERNAM, señora Catalina Infante (sesión 120° de 19 de
junio de 2001).
Afirmó que el procedimiento del Protocolo Facultativo llena un
vacío, en el sentido de que permite al Estado afectado por una
reclamación defenderse. Además, el Comité deberá declarar
inadmisible toda comunicación que sea incompatible con las
disposiciones de la Convención (letra b), artículo 4 del
Protocolo). En cambio, en la actualidad el Comité puede recibir
informes en la sombra, lo cual no se ajusta a un debido
proceso.
Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, sesión 17ª, en
17 de julio de 2001. Documentos de la Cuenta Nº 8
Tiene la palabra el diputado señor Leay.
Por eso, no somos contrarios a eliminar discriminaciones contra
la mujer, situaciones que, como ya dije, están en la Convención,
pero sí discrepamos absolutamente de grupos de fanáticos metidos
en un comité pro derecho de las mujeres, que, en el fondo, están
por el aborto y por quitarles la vida a las personas.
Tiene la palabra la diputada señora Laura Soto.
La señora SOTO (doña Laura).-
Señor Presidente, en primer lugar, como lo dice el Protocolo y se
ha señalado en esta Sala, las recomendaciones no tienen fuerza
jurídica vinculante para el Estado.
En segundo lugar, conviene recordar que la señora Adriana
Delpiano, ministra directora del Sernam, informó a la Comisión,
mediante oficio ordinario Nº 272, que el Gobierno del Presidente
Ricardo Lagos no promoverá legislación alguna relacionada con el
aborto, como ella en su oportunidad lo manifestó ante la Asamblea
General de las Naciones Unidas.
Tiene la palabra la diputada señora María Angélica Cristi.
En primer término, quiero decir que he ido a muchas convenciones
de las Naciones Unidas en que se tratan los temas de
discriminación contra la mujer; pero nosotros, como país, estamos
lejos de los problemas que aquejan a las mujeres de África, de
otros continentes y del mundo musulmán, donde efectivamente hay
discriminaciones que no han sido capaces de superar. Sin embargo,
siento que no es el caso de Chile. Muchas de las determinaciones
se adoptan pensando en mujeres de otros países.
A modo de ejemplo, puedo señalar que en estos días se han dado a
conocer las cifras sobre casos de violencia intrafamiliar y de
violencia sexual que sufren las mujeres, tema que, obviamente,
nos preocupa como país, pero no nos interesa que desde las
Naciones Unidas nos digan lo que debemos hacer.
Por lo tanto, reitero que de aceptar la competencia del
mencionado comité se estaría vulnerando gravemente nuestra
institucionalidad.
Por lo tanto, la mayoría de los diputados de Renovación Nacional,
presentes en la Sala no puedo hablar por todos, estamos
dispuestos a votar en contra del proyecto que aprueba el
Protocolo facultativo de la Convención sobre la eliminación de
todas las formas de discriminación contra la mujer, porque
consideramos que no podemos ser pasados a llevar por tribunales
internacionales y por cuanto los problemas de los chilenos los
tenemos que resolver en casa.
Tiene la palabra el diputado señor Gonzalo Ibáñez.
El hecho de darle la pasada a un Comité internacional -como el
que está incluido en este Protocolo- significa, a mi juicio, un
menoscabo extraordinariamente serio a la competencia de nuestras
instituciones, como asimismo poner en riesgo aquello que se
quiere defender, en este caso, el derecho de las mujeres, porque,
precisamente, son las instituciones nacionales que conocen la
realidad del país, la institucionalidad y la legislación que nos
rige, las que, con efectividad, con mesura y con prudencia,
pueden poner término a las situaciones de discriminación
arbitrarias o injustas.
Seguidamente, el Honorable ex Senador señor Romero, señaló que es
de gran interés conocer la opinión de la Iglesia Católica sobre
este proyecto de acuerdo, para lo cual ofreció la palabra al
entonces Cardenal Arzobispo de Santiago, Monseñor Francisco
Javier Errázuriz.
Monseñor Errázuriz agradeció la oportunidad brindada a la Iglesia
Católica para contribuir a la reflexión del Honorable Senado en
torno al Protocolo en estudio.
Señaló que lo expuesto devela que la ratificación del Protocolo
trae consigo múltiples, variadas e impensadas consecuencias, las
que aparecen con mayor claridad si se examinan las
recomendaciones que hasta ahora ha hecho el Comité, porque de esa
manera podremos saber de qué manera entiende el Comité los
artículos de la Convención, como también de qué manera entiende
sus propias facultades de interpretar los derechos de la mujer;
sobre todo aquellos de ambigua formulación en la CEDAW, así se
podrá saber si los parámetros valóricos con los cuales el Comité
interpreta la Convención corresponden o no a los nuestros, y a
los de los demás Estados firmantes.
Manifestó que estas afirmaciones no se sostienen en una sociedad
comprometida con los derechos humanos de todos los seres
humanos.
Asimismo, expresó que el Comité de la CEDAW ha incluido la
“prostitución voluntaria” en el concepto del artículo 11 de la
Convención, al sostener que existe el derecho a elegir libremente
profesión o empleo, como lo revela la recomendación hecha por
dicho Comité al Principado de Liechtenstein, al pedirle que
proceda a revisar la ley relativa a la prostitución para que no
se penalice a las prostitutas.
Concluyó que nada obliga a nuestro país a ratificar el Protocolo
Facultativo. Nada justifica que nuestro país no crea en su propia
capacidad de superar la discriminación de la mujer, y pida para
ello un control externo, con parámetros foráneos. Nuestras
instituciones públicas bien pueden asumir la responsabilidad de
buscar caminos para que la dignidad de la mujer sea plenamente
reconocida y sus derechos respetados. Somos un Estado soberano no
sólo porque hacemos respetar nuestras fronteras, y porque
proclamamos el legítimo derecho de autodeterminación de los
pueblos por los caminos de la justicia, el desarrollo y la
paz.
A continuación, el Honorable ex Senador señor Bombal hizo expresa
reserva de constitucionalidad respecto del Tratado en
estudio.
Expresó que tiene especial inquietud por estas materias, por eso
valora la intervención del señor Cardenal, por cuanto aborda de
manera precisa, elevada y con autoridad moral, aspectos que ya en
su momento advirtió sobre la aplicación de este Protocolo.
El ex Director Jurídico de la Cancillería, señor Troncoso, en
relación al tema del aborto, que el Gobierno ( Ricardo Lagos
Escobar) está en contra de todo tipo de aborto ………….
