Concuerdo contigo, Javiera. Considero que no se toma el real peso a las normativas realizadas por las convenciones internacionales, incluso, en muchas ocasiones se ha indicado que efectivamente estas se cumplen en Chile cuando en realidad es de saber común que en nuestro día a día no se llevan a cabo. Creo que por esta misma razón se aprobó solo en 2020 el Protocolo Facultativo de la CEDAW, y que gracias a las manifestaciones feministas y asociaciones partidarias de la igualdad de género se impulsó su promulgación durante el presente año. Sin embargo, encuentro lamentable que esto aún se deba exigir en el siglo XXI, cuando la lucha feminista ha existido tanto tiempo y no se le ha tomado el peso a la igualdad de género de manera real.

Tal como mencionan anteriormente, el Estado de Chile no ha aplicado de forma acabada las normativas internacionales a las que ha suscrito. En materia de violencias hacia las mujeres, los programas implementados generalmente se enfocan en la atención y reparación de las violencias, principalmente de aquella que se da en el contexto privado y dentro de una relación de pareja o ex- pareja, invisibilizando todas aquellas otras manifestaciones de violencias, ya que el foco esta puesto en la violencia física. No existe una adecuación de la legislación, siendo mayoritariamente penada la VIF. Un claro ejemplo de la poca importancia dada por el Estado Chileno a la protección de las mujeres y niñas, es que, tras 18 años fue ratificado el protocolo facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, lo que implica que sólo recientemente fue reconocida la competencia del comité responsable de supervisar la aplicación de la Convención en los Estados firmantes.