Creo que no ha sido oportuna. Hemos visto como acuerdos y protocolos tan importantes para disminuir las brechas de género han demorado su aprobación o sus ejecuciones en políticas públicas de real impacto, con seguimientos efectivos y acciones acordes a la evolución de las condiciones y fenómenos sociales.
El sentido de oportunidad se ha diluido por la falta de acuerdos entre los sectores que detentan el poder y que no han considerado el enfoque de género como un elemento primordial de avance y desarrollo que no sólo beneficia a las mujeres como grupo objetivo, sino que también abre, potencia y desarrolla a la sociedad en su conjunto al promover nuevos espacios de crecimiento e interacción social.
Hemos visto lo que ocurre cuando el sistema político no responde de manera oportuna a las demandas de la sociedad civil. Por parte baja se genera una agudización de problemáticas no atendidas que repercuten directamente en la gobernabilidad y legitimidad de la acción estatal.
Muchos lineamientos quedan simplemente en la letra de las políticas, programas y proyectos, pero no logran cobrar acción y vida dentro de las instituciones del Estado debido a las múltiples barreras de sesgo de género existentes en la cultura organizacional y personal de los individuos que las componen. Y este ámbito institucional repercute también en los sectores para quienes están enfocadas las normativas en el quehacer estatal.
Si bien podemos registrar avances, es evidente que la implementación oportuna de normativas con enfoque de género aún requiere de mayor determinación y sentido de prioridad.
La velocidad de los cambios sociales y climáticos, que no responden a programación alguna, demanda una respuesta y aplicación oportuna.