En primer lugar, se debe abordar el problema desde una perspectiva de género a la hora de estudiar las causas del problema. Debido a que se parte de una situación de desigualdad social, resulta necesario estudiar a fondo las dinámicas, patrones y situaciones relacionadas con la participación de las mujeres en estos crímenes. En otras palabras, estas mujeres en su muy gran mayoría, sino en su enteridad, no participan de estas redes porque quieren. En cambio, entran en ello debido a dinámicas sociales, situaciones económicas, entre otros motivos. Si estas dinámicas no se estudian a fondo, es imposible crear estrategias que aborden el problema de forma eficaz y exitosa. Y porque se parte de una desigualdad de género, es fundamental incorporar la perspectiva de género para tener una visión real y no sesgada del problema. Este imperativo es exacerbado por las crecientes estadísticas de mujeres encarceladas. Significa que hay una dinámica subyacente que está generando patrones cambiantes, que pueden tener consecuencias altamente destructivas en la sociedad y en la vida de millones de personas.

Asimismo, es importante que a la hora de la penalización, se tome una perspectiva de género, atendiendo primeramente dos características de la problemática: en primer lugar, hay un delicado equilibrio entre seguir la ley versus tomar en cuenta las condiciones sociales que llevan a cometer crímenes. Por un lado, no se puede relativizar, y debe haber un Estado de Derecho en el que se haga cumplir la ley. Pero, ¿qué pasa cuando estas leyes ayudan a mantener patrones de desigualdad, exclusión y subordinación de las mujeres? Muchas de estas leyes han sido creadas sin ninguna perspectiva de género en absoluto. Además se debe tener en cuenta, de nuevo, que el crimen no se comete como un hecho aislado, sino que es parte de una serie de condicionantes psico-sociales que muchas veces estructuras patriarcales existentes en la sociedad hacen que la libertad de decisión de la mujer se vea afectada.