Costa Rica ha sido lento en implementar las normativas que emanan de las convenciones internacionales, y muchas veces la implementación sucede como una mera fachada legal-racional, ya que en el fondo no se lleva a cabo más acciones para complementar las normas, para así realmente mejorar la condición de la mujer en los distintos ámbitos. Esto hace que si bien puede existir en ciertos casos una recepción de la norma internacional dentro del ordenamiento jurídico interno, esta carezca de medios, métodos y a veces hasta simplemente la voluntad por parte de aquellos que tienen una mayor responsabilidad en la institucionalidad del Estado, de ser aplicada. En el marco del Examen Periódico Universal de Costa Rica, se hace alusión a este hecho en repetidas ocasiones: se le pide a Costa Rica que implemente el Plan Nacional de Prevención de Violencia contra la Mujer, el plan nacional de desarrollo rural en el ámbito de las condiciones de las mujeres en zonas rurales, mencionan la falta de un plan de apoyo para ver que estas normas se traduzcan en mejoras de facto, se pide seguimiento de las recomendaciones del CEDAW, entre otras. Evidenciando estas carencias están, entre otros aspectos, las estadísticas en Costa Rica de violencia hacia la mujer, que en muy pocos sentidos parecen dar indicios de mejoras.