El principal argumento esgrimido en contra de la plurinacionalidad es aquel que sostiene que los indígenas tendrán privilegios y serán ciudadanos de primera clase en caso de aprobarse la nueva constitución. 

Esto es absurdo en más de un sentido, en primer lugar porque reconocer a un pueblo o nación como sujeto de derechos colectivos, no tiene ninguna relación con la superioridad que entrega cualquier privilegio, pues los derechos tienen como fin último salvaguardar la dignidad humana y la igualdad sustantiva; lo que evidentemente es conceptualmente contradictorio con la idea de privilegio. En segundo lugar, sostener dicho argumento implica desconocer una realidad material sumamente adversa a los pueblos indígenas, en materias como acceso a la vivienda, servicios básicos, y por supuesto, a las altas esferas del poder político y económico. En consecuencia, los derechos políticos y sociales reconocidos a los pueblos indígenas no tienen como fin transformarlos en ciudadanos de primera clase (un sin sentido, por la realidad descrita previamente), sino permitir que sean parte de nuestra sociedad como iguales, entendiéndonos en nuestras diferencias.