En varios países de América Latina, las bandas delictuales han incorporado al microtráfico a las madres, abuelas, hermanas, parejas. Ellas constituyen también su protección, su base de apoyo logístico, etc. En su opinión ¿cómo debe actuar el sistema penal? ¿De qué forma considera usted que se debe aplicar la perspectiva de género en estos casos?

El Actuar del sistema penal debe considerar un enfoque de género, que permita visualizar la multiplicidad de factores que componen y describen al grupo de mujeres involucradas en el microtráfico: la mayoría proviene de entornos de pobreza, son cuidadoras de hijos o de personas mayores, con escaso acceso a servicios de calidad  como la salud, con bajos niveles de educación, subempleadas , desempleadas o con trabajos informales y esporádicos, inmersas en un contexto de violencia doméstica y de dependencia de drogas. Muchas no poseen antecedentes penales previos a sus detenciones.

Teniendo en consideración estos factores podemos ver que su condición de mujer las expone a ser partícipes de este tipo de delitos pues estas organizaciones llenan el espacio donde el Estado está ausente. El narcotráfico ofrece lo que el Estado no da, a cambio del trabajo que ellas puedan desempeñar.

La perspectiva de género aplicada en este ámbito, debe considerar que su accionar no contribuya a agravar las condiciones de desigualdad y sesgo que sufren las mujeres,  por ej al generar sentencias desproporcionadas y severas, al aumentar las prisiones preventivas, factores que tienen una alta repercusión en las familias de las cuales ellas cuidan ( los hijos quedan sin protección, quedando bajo la deficiente mano del Estado o simplemente en la calle, exponiéndose a la vulneración de sus derechos, sobre todo las niñas que pueden resultar explotadas o agredidas sexualmente. También debe velar por los derechos humanos de las mujeres que están en prisión, para que sus condiciones se condigan con la dignidad de su persona y considere su condición de mujer por lo que debe incluir tópicos como el de salud menstrual. Mujeres en prisión presentan diferentes necesidades a los hombres en prisión.

El sistema penal, junto con el Estado, debe reformular las políticas sobre las drogas: Debe aplicar sentencias que no sean desproporcionadas, reducir el número de detenciones preventivas (estas deben dictarse sólo cuando sea realmente necesario y no como parte de la regularidad). Reevaluar las sanciones sobre tenencia y cultivo de sustancias (cannabis), cuando se trate de pequeñas cantidades.

Crear alternativas al encarcelamiento, para evitar así el aumento de población penal femenina y todo lo que conlleva al quedar expuestas a condiciones que agraven sus situaciones de base. Estas alternativas podrían ser desde el trabajo comunitario, formación educacional, capacitación laboral y un sin número de herramientas que permitan a estas mujeres poder dignificar sus vidas y romper el círculo vicioso de pobreza-microtráfico. Aquí es donde la presencia del Estado debe ser concreta y real para poder facilitar esta acción mancomunada con el sistema penal y poder disminuir así la vulneración de derechos y participación de la mujer en estos delitos, haciendo real la igualdad de género y la justicia socioeconómica.

El enfoque de género dentro del sistema penal debe contar con la voluntad de quienes están en él, funcionarios, magistrados deben considerar lo mencionado para desterrar de sus labores y decisiones los sesgos de género y evitar así vulnerar los derechos de las mujeres.

El sistema penal puede hacer su parte, pero el Estado debe creara las condiciones para que el microtráfico no arrastre a las mujeres a las cárceles.